Secuestro y muerte de 10 personas.

El día 18 de Julio de 1992, tan solo a diez días de cumplirse el segundo aniversario de gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, un grupo militar denominado Colina, ingresó a las Ciudad Universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta y secuestró a nueve estudiantes y a un profesor. Los padres de los alumnos y las autoridades universitarias denunciaron el hecho ante el Poder Judicial con las respectivas peticiones de Habeas Corpus pero la autoridad judicial se pronunció en contra de tales recursos argumentando que los denunciantes tenían que probar la existencia de las víctimas antes de los hechos. La investigación de la causa se vio frustrada por el tecnicismo planteado. Los padres de las víctimas y las autoridades universitarias, irritados, insistieron y acusaron a los miembros de las fuerzas armadas como autores de esa conspiración, pero estos negaron su participación, aun cuando el mencionado centro de estudios estaba bajo estricto control militar. Aún así la autoridad judicial permaneció sin pronunciamiento.

Ante la presión del pueblo, el periodismo, los padres de los afectados, las autoridades de La Cantuta y los estudiantes de dicho centro, el Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nicolás Hermoza Ríos, al quedar sin escapatoria, admitió que el 18 de Julio de 1992 las fuerzas armadas llevaron a cabo una incursión en la Universidad La Cantuta por órden del Alto Comando porque "habian sospechas fundadas que en ese lugar se ocultaban terroristas". La admisión de la responsabilidad de los cuerpos armados por parte de Hermoza Ríos no fue suficiente pues en ningún momento este militar dio razón del paradero de los afectados por la mencionada incursión ni, tampoco, de los miembros de las fuerzas armadas causantes de las desapariciones. Cínicamente enfatizó que no habían detenidos. Las declaraciones de Nicolás Hermoza Ríos generaron el repudio general y provocaron una división marcada de opiniones en el seno de las fuerzas armadas, hasta el punto que dichas opiniones se filtraron hacia el conocimiento público. 
 

El general Rodolfo Robles y el grupo "Leon Dormido".

Día a día circulaban comentarios que causaban dolor y pena en unos y la repulsa de otros y se murmuraba con insistencia la oposición de un grupo de generales a Hermoza Ríos. Cuando ello sucedía, el 3 de abril de ese año, apareció en escena un grupo llamado "León Dormido" cuyos miembros hicieron llegar informes detallados a varios representantes del Congreso Constituyente Democrático en los que se consignaba el rapto o ilegal detención, asesinato y, también, ilegal sepultura de la diez personas de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, todo ello ejecutado por el el escuadrón de la muerte llamado grupo Colina. El congresista Henry Pease se encargó de formular la denuncia que dió lugar a la formación de una comisión investigadora salida de la Comisión de Derechos Humanos del propio Congreso Constituyente Democrático.

La cúpula militar restó importancia a las informaciones proveídas por el denominado grupo "León Dormido", aduciendo que se trataba de anónimos que no ofrecían garantía alguna en la investigación. Descalificada esta fuente de búsqueda, la Comandancia de las Fuerzas Armadas propaló una serie de mensajes y comunicados entorno a este doloroso caso insistiendo que no habían detenidos. La actitud indiferente, cínica y mentirosa de dicha comandancia puso en tela de juicio la ya escasa idoneidad de los oficiales de las fuerzas armadas y se gritó a voz en cuello la ausencia de un mínimo sentido de consideración humana y sentimiento cristiano. Pero hubo una sorpresa y esta la dio el general Rodolfo Robles Espinoza quien, con fecha 06 de Mayo de 1993, envió cartas al Congreso y a diferentes medios de comunicación para confirmar las sospechas contra las fuerzas armadas y acusó tanto a Vladimiro Montesinos Torres, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor del Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, así como al general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, a otros generales y oficiales superiores y a los integrantes del tenebroso grupo Colina, de las desapariciones de 10 personas de La Cantuta. El general Rodolfo Robles describió con lujo de detalles la operación del grupo Colina en La Cantuta, descripción muy aproximada a las proporcionadas por el denominado grupo "León Dormido", lo que indicaría que Robles pertenecía a un grupo dentro de las fuerzas armadas dispuesto a terminar con la aterradora represión militar.
 

Los implicados: acorralados, maniobreros pero impunes. 

Los altos mandos castrenses reaccionaron de inmediato ante las evidencias mostradas por Robles y los anónimos del grupo "León Dormido", resolviendo llevar a cabo su propia investigación, constituyéndose -de paso- en jueces y partes del conflicto. Con la formación de una comisión paralela a la del Congreso de la República se buscaba entorpecer la labor de esta última.  Para ello, adicionalmente, se recurrió a la intimidación verbal descarada y a la amenaza pública contra los congresistas de la oposición que bregaban por el esclarecimiento de la muerte de diez peruanos. Hermoza Ríos haciendo gala de poder dijo que no permitiría que el Congreso llevara a cabo una investigación que era competencia del fuero castrense ignorando las facultades del Poder Legislativo plasmadas en la Constitución del Estado. Su amenazante perorata estuvo aderezada con un comunicado que pretendía restarle credibilidad a la comisión investigadora del Congreso y con un despliegue generoso de tanques de guerra y otros vehículos blindados que ocuparon las vías céntricas de Lima por más de 48 horas. Uno de los miembros de la comisión investigadora retrucó al militar señalando que en el momento del secuestro de las víctimas, la universidad estaba intervenida por el ejército el que tenía absoluto control de la Ciudad Universitaria y que, además, nada se podía hacer en ese centro de estudios sin el consentimiento de esa institución. Por ello se tiene que afirmar que el ejército conoció las actividades del grupo secuestrador y autorizó su ingreso a las instalaciones universitarias, por lo que resultó, también, ser uno de los implicados principales en el masivo crímen.

Todo esto dio orígen en el Congreso Nacional a las detestables legislaciones de los fujimoristas que culminaron en la dación de la Ley La Cantuta.  Primeramente la mayoría parlamentaria constituída por Cambio 90, partido del presidente Alberto Fujimori Fujimori, aprobó un proyecto de ley que restringía el campo de investigación de la Comisión Investigadora del Congreso. Dicho instrumento prohibía tomar testimonios a aquel personal subalterno de las fuerzas armadas bajo sospecha de haber participado en la ejecución del secuestro y muerte de diez personas vinculadas a la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta y solamente los oficiales del alto comando castrense quedaban autorizados para ello. Así, la oficialidad superior evitó que algun subalterno implicado hiciera declaraciones comprometedoras como aquellas del subteniente Hurtado en relación con la masacre de Accomarca. Estas fueron disposiciones que servirían de protección en la comisión de futuros delitos contra los derechos humanos.

Dentro de las limitaciones impuestas por la mayoría parlamentaria, la Comisión del Congreso encargada de la investigacion continuó sus funciones y el 24 de Junio de 1993 la mayoría de sus integrantes presentaron un informe al Congreso de la República en el que acusaron a:

Nicolás Hermoza Ríos, Comandante General del Comando Conjunto de la Fuerza Armada;
Vladimiro Montesinos Torres, asesor del Presidente de la República;
Luis Pérez Documet, Jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE);
Juán Rivero Lazo, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (DINTE);
Luis Salazar Monroe, Comandante de la Segunda Región Militar;
Julio Salazar Monroe, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN);
Luis Martín Rivas, jefe del escuadrón de la muerte denominado "Grupo Colina" sindicado como responsable de la ejecución de la operación; y,
otros.

En respuesta a esta acusación y haciendo eco de las declaraciones de Hermosa Ríos de que no habían detenidos, la mayoría del Congreso (Cambio 90) aprobó el informe de los miembros de la comisión presentado en minoría que relevaba la teoría del "autosecuestro" que un tiempo después utilizaria la congresista fujimorista Martha Chávez para justificar la tortura conta la ex agente Leonor La Rosa. La bancada oficialista del Congreso, finalmente, rechazó la moción que presentaron la mayoría de los integrantes de la comisión investigadora.
 

Hallazgo de los cuerpos y un fiscal de la nación. Ley La Cantuta o del abuso.

Seguido a la aprobación de las disposiciones que limitaban los ámbitos de pesquisa de la Comisión Investigadora del Congreso, apareció en escena una de las evidencias mas contundentes contra los implicados en las desapariciones y contra los autores de la ridícula "teoría del autosecuestro" en el Congreso de la República. En Julio de 1993 se hizo público el hallazgo de los cuerpos de algunas de las víctimas de La Cantuta y por investigaciones periodísticas se llegó a descubrir otros lugares de sepultura. El hecho de que las pertenencias  hallados con los cuerpos fueran reconocidas por los parientes, motivó la exasperación contra el gobierno y contra los aparatos militares que habían ocultado la verdad.

La Fiscalía de la Nación, que se mostró vacilante y parcializada en todo momento, ordenó el retiro de todas las personas (familiares, amigos y autoridades de organizaciones de derechos humanos) que se encontraban en las cercanías de aquel lugar donde habían sido hallados los restos de los universitarios y del profesor a fin de iniciar sus pesquisas. El fiscal a cargo de la investigación generó una dilación de una semana aproximadamente y en el interin desaparecieron algunas prendas identificadas durante el descubrimiento de las tumbas. Sin embargo, las evidencias mostraron que dichos cuerpos pertenecían a los desaparecidos de La Cantuta y que no se autosecuestraron como lo afirmó la mayoría oficialista del Congreso de la República. El "grupo Colina", jefaturado por el mayor del ejército Luis Martín Rivas, fue señalado como el responsable de esta atrocidad.

El encubrimiento era descarado y hasta los jueces civiles se prestaron para facilitar la impunidad de los supuestos autores de los crímenes. A la sazón el Poder Judicial estaba bajo absoluto control del Poder Ejecutivo y los jueces eran forzados a seguir las indicaciones gubernamentales o simplemente las seguían con sumisión en compensacion por sus nombramientos emanados desde el Ejecutivo. Así, cuando el sistema judicial había entrado en su período de receso,  el Juez de Turno (reemplazante) en ilegal procedimiento, derivó lo actuado hacia la competencia judicial miltar y, con ello, puso fin a la responsabilidad de la justicia civil de hacerse cargo de los delitos comunes. La justicia militar decidió conducir sus investigaciones en secreto. El Ministerio Publico, sin embargo, reabrió la investigación presionado por la visible presión peruana e internacional y en Diciembre de 1993 acusó a once subalternos de las fuerzas armadas, dejando establecido que Hermoza Ríos, Montesinos Torres sólo comparecerían en calidad de testigos para proporcionar pública informacion de los hechos. 

Simultáneamente la Corte Suprema de Justicia también había decidido estudiar el problema jurisdiccional generado entorno a los acontecimientos de La Cantuta, aun cuando era conocida la posicion de la Corte de derivar casi todos los casos hacia el fuero castrense, pero sorpresivamente el Congreso Contituyente Democrático -el 6 de Febrero de 1994- aprobó la Ley 26291 mediante la cual la jurisdicción militar se hacía cargo de la investigación de los crímenes de La Cantuta, así como del respectivo jucio a los que resultaren responsables de la masacre.

Fujimori rubricó la ley tres días después y con ello promulgó la consumación de la injusticia. Fujimori, asimismo, fue la pieza principal que promovió en el Parlamento todas las demandas de los militares para que el fuero castrense reemplazara a la Corte Suprema del Perú en las funciones  de investigación de los hechos que causaron pena e ira a la Nación y del juicio de los responsables. Con ello los culpables directos jamás fueron sancionados y la impunidad de los delincuentes quedo institucionalizada. 

Posteriormente, el 26 de noviembre de 1996, el general Rodolfo Robles fue secuestrado por un grupo de ocho personas pertenecientes al servicio de inteligencia y encarcelado en el Cuartel "Real Felipe" de El Callao. Los altos mandos de las fuerzas armadas lo acusaron ante el fuero militar de "ultraje a la fuerza armada", "insubordinación", "insulto al superior" y "oposición a la ley de amnistía" entre otros cargos. Durante el seguimiento de la causa, el abogado de Robles, Heriberto Benítes Rivas, fue suspendido por tres meses por la autoridad judicial militar por supuestas ofensas "a la honorabilidad y la mejestad del Fuero Privativo Militar", sanción que luego fue extendida a cinco meses. Con esta medida se pretendia dejar a Robles Espinoza sin el derecho de defensa para obligarlo a aceptar la dudosa asesoría  de un defensor de oficio. 
Como se sabe Rodolfo Robles Espinoza apareció en escena al hacer pública su protesta contra las violaciones de los derechos humanos. Por medio de Robles se llegó a saber la verdad de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el atentado contra Global Televisión en Puno llevado a cabo para encubrir actividades de tráfico de drogas, así como el atentado contra contra la vida del Presidente del Tribunal Constitucional; actividades delictivas llevadas a cabo por el escuadrón de la muerte "grupo Colina", dirigido por Vladimiro Montesinos Torres asesor del Presidente de la Republica Alberto Fujimori Fujimori y por el Comandante General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

Los asesinos de los nueve estudiantes y del profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, aún gozan de impunidad y muchos de ellos se encuentran en otros países.